El gobierno español advierte a los dueños de gatos: la nueva ley exige el uso de microchips o multas de hasta 200 000€
El gobierno español ha emitido una advertencia formal a los dueños de gatos de todo el país, recordándoles las obligaciones legales introducidas por la nueva Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023, promulgada el 28 de marzo). Entre los cambios más importantes se encuentra la identificación obligatoria de los gatos domésticos mediante microchips, un requisito que ahora se aplica de manera uniforme en toda España, independientemente de la región.
Esta regulación, promovida por la administración del primer ministro Pedro Sánchez, tiene como objetivo estandarizar las leyes de protección animal en todas las comunidades autónomas y mejorar el control y la seguridad de la población de mascotas.
El microchip ahora es obligatorio para los gatos
Si bien anteriormente el microchip era obligatorio para los perros en la mayoría de las áreas, los gatos a menudo quedaban fuera de dichas regulaciones. Con la nueva ley, ahora todos los gatos deben tener un microchip, lo que lo convierte en un requisito legal universal para la identificación de las mascotas.
El chip debe implantarse durante los primeros meses del animal, idealmente a los tres meses de edad o, a más tardar, a los seis meses. No hacerlo dentro de este plazo puede resultar en una infracción administrativa grave en virtud de la nueva legislación.
Qué hace el microchip
El microchip, del tamaño aproximado de un grano de arroz, se inserta debajo de la piel del gato, cerca del cuello, y contiene un código único de 15 dígitos. Si bien no almacena datos personales, este código enlaza con un registro nacional (como el REIAC) donde se registran el nombre, la dirección y la información de contacto del propietario. Este registro es vital en caso de pérdida o abandono del animal, ya que permite a las autoridades localizar rápidamente al propietario legítimo.
Sanciones por incumplimiento
Según la ley, no ponerle un microchip a un gato se considera un «delito grave». Las sanciones oscilan entre 50.001€ y 200.000€. Estas elevadas multas también se aplican a otras infracciones, como vender gatos en tiendas no autorizadas o no denunciar la desaparición de un animal en un plazo de 48 horas.
El gobierno espera que esta reforma no solo frene los aproximadamente 286 000 abandonos anuales de mascotas en España, sino que también fomente una cultura de tenencia responsable de mascotas.
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